Listin Diario 21 de Diciembre 2017
La estatal PDVSA achacó la escasez
de gasolina en el oeste de
Venezuela a los retrasos en los
pagos a los transportistas marí-
timos, a raíz de las sanciones financieras
de Estados Unidos al
Gobierno, y prometió que el suministro
“se normalizará en las
próximas horas” en varios estados.
“Ofrecemos disculpas al pueblo
venezolano por los retrasos
presentados en el suministro de
combustible en la región andina
del país, debido al rechazo de
nuestros pagos del servicio de cabotaje,
por las sanciones del Gobierno
estadounidense”, señaló
Petróleos de Venezuela (PDVSA)
en Twitter.
Venezuela es el país con mayores
reservas de petróleo del mundo,
pero importa la mayor parte de
la gasolina refinada que se vende
de EE.UU. y otros países.
Según relataron vecinos de estados
occidentales como Mérida
y Táchira, decenas de vehículos
llevan días formando colas
“kilométricas” frente a gasolineras
de esas dos regiones ante la
falta de combustible en los surtidores.
Situaciones similares se
viven en estados como Barinas o
el Zulia, también en el oeste del país, donde se han producido
cortes de calles en protesta por
la falta de combustible.
“Estamos realizando labores de
restablecimiento urgente del suministro
de combustible en Tá-
chira, Barinas y Zulia. Nuestra
prioridad es brindarle al pueblo
venezolano un servicio óptimo
en el despacho de la energía necesaria
para el desarrollo de la
población”, agrega PDVSA en su
comunicación.
La compañía pide además “disculpas”
por estos problemas de
“medidas de bloqueo internacional
contra Venezuela” y prometió
que “el suministro de combustible
en estos tres estados
se normalizará en las próximas
horas”.
En agosto de este año, y con el
objetivo declarado de “negar a
la dictadura de el presidente Nicolás
Maduro, una fuente crítica
de financiación para mantener
su gobierno ilegítimo, EE.UU.
prohibió a sus ciudadanos y empresas
“negociaciones en deuda
nueva y capital emitidas por
el Gobierno de Venezuela y su
compañía petrolera estatal”.
Las sanciones incluían la prohibición
de las “negociaciones con
ciertos bonos existentes del sector
público venezolano, así como
pagos de dividendos al Gobierno
de Venezuela”.