No puede ni debe quedarse en el país


Listin Diario                                                                              30 de Noviembre 2018

Si como ha admitido el ministro del Interior, la presencia en el país del famoso capo cubano Augusto Falcón viola nuestras leyes migratorias, entonces no hay excusas para que el gobierno demore su responsabilidad de sacarlo del país revocando automáticamente, por carecer de validez legal, la “residencia” que se le ha otorgado para estar aquí.
Lo extraño es que sea ahora, después de tres semanas en el territorio nacional, que las autoridades admitan que su presencia es violatoria de la Ley de Migración, como también se supone que lo es el procedimiento utilizado para extenderle una carta de ruta desde la embajada dominicana en Washington.
Habrá que explicar y dilucidar mejor este enredo, pues tampoco luce sustentable que a la violación legal denunciada por el ministro de Interior se le añada otro bulto: la de brindar, con los recursos del Estado, una logística de acomodamiento y protección a la vida de un personaje que tiene en su haber un cementerio de las víctimas de sus tropelías en el sangriento negocio del narcotráfico en La Florida, por lo cual cumplió condena de 20 años en ese Estado.
¿Por qué el Estado tiene que darle acogida y protección a un capo del crimen organizado internacional violando las propias leyes migratorias del país?
En la opinión del ministro de Interior, ese indeseable huésped “no puede ni debe quedarse en el país”.
Bien. ¿Y a cuál país lo mandaría el Gobierno en el caso que decidiese sacarlo?
Sea cual sea la fórmula para cancelar la presencia de Falcón en el país, el procedimiento no estaría exento de complejidades. Tendría que gestionar la aquiescencia de otra nación para acogerlo, y la que lo haga de seguro tendrá que enfrentarse al mismo aluvión de críticas que ha recibido este gobierno por darle cabida al ex-convicto.
De todos modos, la contundente declaración del ministro José Ramón Fadul no deja lugar a dudas de que ya Falcón tiene sus días contados como huésped o residente especial de nuestro país, una canana que el Gobierno nunca debió tirarse encima.