Aeropuerto de Bávaro, proyecto que se mueve entre dudas técnicas y denuncia de corrupción

Diario Libre

31 de julio 2020

Mientras el turismo, al igual que todas las actividades económicas, busca sobreponerse de la estocada que le ha propinado la pandemia del COVID-19, en la provincia La Altagracia la construcción de un aeropuerto internacional en Bávaro y un aeródromo en Las Lagunas de Nisibón para impulsar ese sector, avanzan con pocos contratiempos, a pesar de que el primero es cuestionado técnica, jurídicamente y por alegada corrupción, y del segundo apenas se conoce que es un proyecto para "operaciones aeronáuticas".
El Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 270-20, emitido a menos de un mes para que se termine el actual gobierno de Danilo Medina, se construirá a solo unos 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en unos terrenos ubicados en el paraje Tres Piezas, del sector El Salado, del municipio Salvaleón de Higüey, por el Grupo Abrisa y la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S.
El Grupo Abrisa es un emporio empresarial presidido por Abraham Hazoury, que en 2002 fundó Aeropuertos Dominicanos (Aerodom) –vendida en 2008 a Advent International–, y que además tiene participación administrativa en el complejo turístico Cap Cana, la Universidad Iberoamericana (Unibe), el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden), Sinercon (construcción), Rincon Bay y Los Establos (turísticos). Hazoury tiene, además, el 99 % de las acciones de AIB, según su Registro Mercantil.
Además de alegadas violaciones jurídicas y conflictos de intereses, la cercanía con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, propiedad de la Corporación Aeroportuaria del Este, del Grupo Puntacana, es uno de los aspectos técnicos que se cuestionan. Esta terminal, inaugurada en 1983, es la que recibe más pasajeros en el país. Solo entre 2018-2019 recibió más de 3.4 millones de extranjeros no residentes cada año.
El pasado 22 de julio, Luis Leonardo, supervisor de servicios de navegación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en Punta Cana, alertó sobre la seguridad de las operaciones y la complejidad aeronáutica de un nuevo aeropuerto en Bávaro.
Las observaciones las hizo en un correo enviado el 22 de julio a Johann Estrada Pelletier, director de Vigilancia de la Seguridad Operacional del IDAC y quien presentó el informe que sirvió de base para la no objeción del Instituto al proyecto, y a Félix Rosa Martínez, encargado del Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo del Instituto.
Leonardo indicó que la comisión técnica que evaluó el proyecto lo considera viable y no objeta su construcción “cuando en el desarrollo de su informe explican la enorme cantidad de cambios que habrían de impactar todo el sistema aeronáutico dominicano, desde la estructura del espacio aéreo, hasta el cambio y rediseño de todos los procedimientos de salidas y llegadas, consecuencias aún sin analizar”.
En mayo pasado, el Poder Ejecutivo solicitó al IDAC un informe técnico sobre el proyecto del nuevo aeropuerto.
El informe final del IDAC sobre la solicitud de no objeción aeronáutica, del que Diario Libre tiene una copia, concluye que el Aeropuerto Internacional de Bávaro cuenta con la viabilidad y factibilidad técnica, en cuanto al ámbito de navegación aérea, pero los resultados están basados únicamente en la información suministrada por la empresa Abrisa.
El informe indica que, tomando en cuenta la orientación propuesta de la pista 10/28 del nuevo aeropuerto y que, según los documentos de Abrisa, estará ubicada en paralelo con la pista 09/27 del aeropuerto de Punta Cana, no hay problema para su construcción, según documentos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entre otros.
Para dicha opinión técnica, también se tomaron en cuenta la ubicación de los demás aeropuertos internacionales existentes, como el de La Romana y Samaná.
Imagen que muestra el solapamiento de los arcos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Imagen que muestra el solapamiento de los arcos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro. ( )















A pesar de cumplir con las normas, el estudio apunta que para que todos esos aeropuertos puedan operar de forma simultánea y sin que uno represente un peligro o perjuicio operacional para el otro, sería necesario realizar un rediseño completo del espacio aéreo de la mayoría de los procedimientos actualmente establecidos, específicamente con Punta Cana, por ser el más cercano.
Sobre esto ha externado su preocupación la Unión Profesional de Controladores Aéreos Dominicanos (UPCAD) en una carta dirigida el 22 de julio al director del IDAC. “La reestructuración del espacio aéreo que esto implica, el rediseño de todas las salidas y llegadas estandarizadas de los aeropuertos de La Romana y Punta Cana, el rediseño de todos los procedimientos de aproximación, todos estos cambios y otros que no hemos mencionado, requieren de una rigurosa gestión de riesgo que no ha sido realizada”, dijo el gremio.
Sus miembros solicitaron ser tomados en cuenta en la evaluación técnica para evitar poner “en riesgo la seguridad operacional de la navegación aérea”.
Letrero colocado en la cerca que delimita el terreno donde se construirá el Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Letrero colocado en la cerca que delimita el terreno donde se construirá el Aeropuerto Internacional de Bávaro. ( )
















El Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) se prevé desarrollar por etapas. En la primera recibiría 2.5 millones de pasajeros anuales y en la segunda 4 millones hasta alcanzar los 8 millones de pasajeros anualmente, una cifra superior a la que recibe el cercano de Punta Cana, cuyas operaciones se han visto disminuidas por los efectos de la pandemia del COVID-19 en el turismo global.
La terminal, que se levantará en 5.8 millones de metros cuadrados, será de tres niveles y tendrá 13 plataformas para aviones. El proyecto contará con dos pistas de aterrizajes, con longitudes de 2,680 y 3,100 metros y anchos de 45 metros, respectivamente. Tendrá un campo de vuelo para aviones A380, torre de control, bomberos, depósito de combustible, servicios generales de migración, aduanas y plataformas de la terminal de pasajeros, de carga y aviación en general.
La entrada se hará por la comunidad de El Salado, próximo al vertedero Guiri Guí, donde se vierten los desechos de Verón-Punta Cana y los hoteles de la zona. Estos últimos se han quejado en reiteradas ocasiones por la humareda que vierte este depósito. Actualmente, está en proceso de construcción un relleno sanitario.
Según un documento enviado por el Grupo Abrisa a la Comisión Aeroportuaria, la terminal facilitaría el traslado de los turistas hacia los municipios de Miches (El Seibo) y Sabana de la Mar (Hato Mayor), demarcaciones con proyectos turísticos en carpeta para desarrollar en el futuro.
De acuerdo a las informaciones, la terminal tendrá un costo de US$200 millones y generará 2,000 nuevos empleos directos, 3,800 indirectos y unos 1,500 empleos inducidos.
Los terrenos donde funcionará están cerrados con alambres y palos con letreros que indican que pertenece al futuro aeropuerto. El lugar donde se levantará actualmente es de difícil acceso: por unos solares baldíos, ubicados a unos cinco kilómetros del vertedero de Guiri Guí, en Bávaro, y desde la carretera Verón-Higüey, desde la comunidad de Vallegina, en un recorrido que comprende la misma distancia.
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“El área propuesta para el aeródromo está rodeada de vertederos grandes y tradicionales de la zona, al menos tres, representando un peligro aviar a ser estudiado”, observó Leonardo al IDAC.
Destacó que el Reglamento Aeronáutico Dominicano establece la necesidad de observar datos meteorológicos por un mínimo de cinco años con ocho observaciones diarias. “Esto no se ha cumplido y es un error tomar los vientos en Punta Cana como referencia ya que es de todos sabido cómo cambian los vientos en la costa en relación a los vientos en la tierra”, dijo en su correo.
En una comunicación de la Dirección de Navegación Aérea del IDAC se precisa que a futuro serán requeridos otros análisis sobre el proyecto de igual o mayor magnitud y basados en datos reales ya certificados.
En adición, la construcción debe cumplir con disposiciones que le sean requeridas por las autoridades de aviación civil, medioambientales, de obras públicas, municipales y otras que sean necesarias.
El proyecto, que fue aprobado por la Comisión Aeroportuaria en enero del presente año mediante la resolución 6796, cuenta con la licencia ambiental 0385-20 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente el 16 de julio pasado, emitida tras revisar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa que promueve el aeropuerto. Para tales fines, el 17 de marzo y el 19 de junio se realizaron vistas públicas en la comunidad Tres Piezas, donde se explicó en qué consistirá la obra.
Diario Libre intentó obtener una copia del Estudio de Impacto Ambiental pero no había sido posible al cierre de este reportaje.
Vista del terreno donde se prevé construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Vista del terreno donde se prevé construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro. ( )
















Conflicto de aeropuerto a aeropuerto
Una vez emitida la resolución 6796 de la Comisión Aeroportuaria, se gestó un conflicto que ha llegado a denuncias de corrupción pública. La Corporación Aeroportuaria del Este, que administra el aeropuerto de Punta Cana y preside el empresario turístico Frank Rainieri, impugnó el documento en una comunicación dirigida a la institución el 5 de marzo pasado.
Pero la Comisión Aeroportuaria rechazó, en cuanto al fondo, dicho recurso de reconsideración.
Mientras esto ocurría, en el país se conoció que la pandemia del coronavirus había llegado al territorio nacional con la confirmación de los primeros infectados de COVID-19 y, a mediados de marzo, el presidente Danilo Medina declaró el estado de emergencia en toda la nación.
Tomando en consideración dicho estado de excepción, la Corporación Aeroportuaria del Este le pidió a la institución pública abstenerse de reconocer el recurso de reconsideración que sometieron, hasta tanto estén suspendidas las actividades de los órganos administrativos no esenciales y sea levantado el estado de emergencia.
La Comisión Aeroportuaria precisó que no estaba dentro de las instituciones del Estado que no pueden operar durante el estado de excepción, por tanto, determinó que no incurrió en ninguno de los agravios “que impropiamente” le atribuyó la Corporación Aeroportuaria del Este, y confirmó en todas sus partes su resolución de conformidad y no objeción para que se lleve a cabo el Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Siendo rechazada, la Corporación Aeroportuaria del Este elevó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Obras Públicas en contra de la resolución 6799 de la Comisión Aeroportuaria. Este también fue rechazado bajo el argumento de que la resolución no contiene “las falencias y violaciones” que le atribuye la recurrente, por lo que la ratificó en todas sus partes.
Después de que el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto mediante decreto, la Corporación Aeroportuaria del Este prosiguió con sus aprestos jurídicos para rebatir el nuevo aeropuerto. Así, el pasado 27 de julio la empresa presentó una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ante “la posible comisión de delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones y otros ilícitos” presuntamente cometidos por 11 funcionarios del Estado, al avalar el proyecto bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, como lo es la ‘Conformidad y No Objeción’ ”, sin haber realizado una licitación previa, y “promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito” con relación a la construcción del aeropuerto de Bávaro.
Los posibles infractores que cita la empresa son el ministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín; el presidente en funciones de la Comisión Aeroportuaria, Diones Pimentel Aguiló; el director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante Rodríguez; los miembros de la Comisión Aeroportuaria Radhamés Martínez Aponte, Aracenis Castillo, Héctor Arturo Villanueva, Johann Estrada Pelletier, Carlos Leroux de Moya, Odile Alburquerque Jiménez, Rafael Núñez Veloz, y el arquitecto Christiern Broberg, quien es director técnico del Departamento Aeroportuario.
La sociedad Corporación Aeroportuaria del Este argumenta que, en noviembre de 2019, Broberg remitió a Collante el Informe final de evaluación técnica del proyecto del aeropuerto -elaborado en 10 días laborables- para ser presentado al pleno de la Comisión Aeroportuaria, y deja entrever algún conflicto de intereses al indicar que Broberg trabajó para el Grupo Abrisa entre 2000-2006.
Acusa a la Comisión Aeroportuaria de otorgar su “conformidad y no objeción” al desarrollo del proyecto, estableciendo los términos y condiciones contractuales para la concesión estatal, usurpando las funciones del IDAC y violando la Ley sobre Compras y Contrataciones. Asegura que la situación se realizó “con la única intención de otorgar mediante un contrato de concesión grado a grado, un aeropuerto a un grupo económico de manera privilegiada”.
La Corporación Aeroportuaria del Este solicitó al Ministerio Público investigar cuáles “intereses directos o indirectos” tenían los alegados infractores “al momento de usurpar las funciones que corresponden a otra institución del Estado” y, si se comprueban los hechos y procede, presentar formal acusación.
En su defensa
Una fuente vinculada a la empresa que prevé construir el aeropuerto de Bávaro asegura que el fundamento jurídico y técnico que soporta la emisión del decreto que lo aprueba es la Ley 491-06 de Aviación Civil, y el Informe de Viabilidad Técnica emitido por el IDAC, y no la resolución de la Comisión Aeroportuaria, que se limita a otorgar su conformidad y no objeción al desarrollo, construcción, operación y explotación económica del proyecto.
“El tiempo empleado en este proceso administrativo de obtención de permisos ha sido de nueve meses, más otros diez meses para la contratación de consultores y auditores, estudios de mercado y plan de negocio, análisis de factibilidad técnica, localización de terrenos que cumplieran la normativa para la implantación física del aeropuerto, su adquisición y la preparación del proyecto para su evaluación por parte de los organismos competentes”, defendió.
Observó que la necesidad de realizar un reordenamiento del espacio aéreo es habitual cada vez que ocurren novedades como la construcción y certificación de una nueva pista, la instalación de un nuevo aeropuerto o incluso el cambio de la declinación magnética, algo que se hizo cuando el Grupo Abrisa estuvo al frente de Aerodom para la construcción y puesta en operación de los aeropuertos en el Higüero y el Catey.
¿Y qué de un aeródromo en Nisibón?
Mientras se crece el conflicto por un nuevo aeropuerto internacional en la provincia La Altagracia, en el distrito municipal de Las Lagunas de Nisibón, ubicado a 34 kilómetros al nordeste de Higüey y a 50 al norte del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se construye de forma discreta una pista de aeródromo, la cual luce avanzada en más de 40 %.
Sin embargo, en la entrada del proyecto, ubicado exactamente en las afueras de Nisibón, a pocos metros de la carretera Higüey-Miches, un letrero señala que se trata del “Parque Temático la Cortina”, levantado por el Grupo Viamar.
En el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) del Ministerio de Turismo (Mitur) se describe como un proyecto turístico mixto con componente hotelero e inmobiliario, con un total de 604 habitaciones, pero no menciona que tendrá una pista de aterrizaje como lo visualizó Diario Libre.
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Rafael Barón Duluc, alcalde de Higüey, regañó a los inversionistas en una publicación en Twitter, quienes -dijo- no han pagado los permisos municipales, pese a las reiteradas ocasiones que la Alcaldía les ha llamado la atención.
Duluc indicó que, de no hacerlo, confiscarán los equipos de la obra.
Sobre el impasse con la alcaldía del municipio cabecera de La Altagracia, Oscar Villanueva, uno de los inversionistas del proyecto, indicó que el dinero que les requieren por concepto de impuestos municipales es "más que el que vale la propiedad".
"El Ayuntamiento (de Higüey) hizo una tasación de cientos de millones de pesos, una cosa que la propiedad no lo vale", sostuvo el empresario. Agregó que la familia Villanueva adquirió esa propiedad en 1975.
Indicó que el proyecto se construye con todos los permisos legales. "Todo lo que hacemos, lo hacemos en cumplimiento de todas las normas", aseguró.
Según el empresario, el proyecto es para "operaciones aeronáuticas". Al preguntársele sobre la descripción del proyecto inmobiliario y hotel de 604 habitaciones, como está sustentado en el Confotur, indicó que esa parte viene en el futuro.