Precisiones sobre la amnistía fiscal y las modificaciones del Gobierno

 Listin Diario

Economía & Negocios martes, 01 de septiembre de 2020

Con el nuevo proyecto de Ley, se está agregando un párrafo al artículo 7 para que los contribuyentes puedan acogerse a la no fiscalización por parte de la DGII.

  • Precisiones sobre la amnistía fiscal y las modificaciones del Gobierno

    Se sugiere descontinuar la práctica en cuanto a las declaraciones juradas. EXTERNA

ZOROASTRO CUCURULLO
cucurullo@claro.net.do
Santo Domingo, RD

En pasadas publicaciones nuestras, nos referimos a las ventajas, desventa­jas y sugerencias sobre la Ley 46-20 de Transparen­cia y Revalorización Patri­monial, cuales tenían que ver con que dicha Ley de­bía ser ampliada para cu­brir otras actualizaciones o amnistías a las demás acti­vidades y situaciones fisca­les de irregularidad de los contribuyentes.

A manera de recordato­rio, con la Ley 46-20, se ha pretendido que los con­tribuyentes (los omisos y los ya declarantes de im­puestos) puedan transpa­rentar sus activos pagan­do un 2%, aplicado sobre lo nuevo declarado y so­bre las revalorizaciones de los mismo, a la vez de es­tablecer la regularización de algunas obligaciones tributarias, entre éstas, las correspondientes a facili­dades de pago para deu­das tributarias, recurridas en sede administrativa o por ante lo contencioso tri­butario, como también las deudas firmes (no recurri­das) de los contribuyentes con la Administración, pa­gando el valor de los im­puestos más los intereses generados no mayor a 12 meses y libres de los recar­gos por moras.

¿Qué es lo nuevo?
Hoy, el nuevo Gobierno, sabiamente, ha incorpo­rado, a través de la modi­ficación presupuestaria elevada por ante las cá­maras legislativas, algu­nas modificaciones e in­troducciones de nuevas modalidades de amnistía que complementan la Ley 46-20, las cuales nos per­mitimos comentarlas a la vez de sugerir algunos tó­picos sobre éstas.

1) Agregaciones a la Ley 46-20
Con el nuevo proyecto de Ley, se está agregando un párrafo al artículo 7 pa­ra que los contribuyentes puedan acogerse a la no fiscalización por parte de la DGII, de sus ejercicios fiscales de los años 2017, 2018 y 2019, correspon­dientes al Impuesto sobre la Renta y el ITBIS, pagan­do un 3.5% aplicado so­bre el promedio resultan­te de los ingresos netos de dichos años. Propone­mos el siguiente ejemplo: si la suma de los ingresos ne­tos de esos tres años es de RD$9,000,000.00, este va­lor se divide entre tres (3)plicado sobre el valor de RD$3,000,000.00, en es­te ejemplo el valor del im­puesto adicional a pagar se­ría por RD$105,000.00.

Importante es poner de manifiesto que este impues­to es adicional al 2% corres­pondiente a la opción de optar por la transparencia y revalorización de activos.

Observaciones
Hemos visualizado de que con esa medida se estaría equiparando o dando un trato igualitario entre quie­nes pagaron mal con quie­nes pagaron bien o mejor.

Esto así ya que, a los fines del cálculo del nuevo im­puesto liberatorio de la fis­calización, no se contem­pla computar (restarse) el valor pagado en la declara­ción jurada ya presentada y que ha servido de base para estimar los ingresos netos declarados en los ejercicios antes indicados. El lógico suponer, repetimos, que en caso de acogencia a esta fa­cilidad se premia con igual escala a los malos, a los me­nos malos y a los buenos contribuyentes.

Recomendaciones.
Entendemos que el asun­to en cuestión debería fun­cionar calculando el nuevo impuesto liberatorio de las fiscalizaciones y restar a és­te el valor de lo declarado y pagado; o sea que, por ejemplo, si el nuevo valor fuera de RD$105,000.00 y el valor del ISR ya paga­do fuera de RD$50,000.00, el nuevo valor a pagar se­ría de RD$ 55,000.00 y con ello quedaría en la situación de dejar cerrada cualquier posibilidad de ser fiscaliza­do dichos ejercicios fisca­les. Independientemente de cual fuere la tasa más ade­cuada a pagar para conce­der la opción de no ser fis­calizado en los períodos antes descritos, lo justo y equitativo siempre será el establecer una diferencia­ción (con tasas preestable­cidas en función del índice de cumplimiento o sea en base a la relación impuesto/Ingreso) entre los contri­buyentes con mejor desem­peño tributario de los que tienen menor o poco des­empeño.

2) Modificaciones a la Ley 46-20
Con el nuevo proyecto de ley, se está modificando el artículo 8, de la Ley 46-20 para el pago de las deudas tributarias.

Entendemos muy atinadas las facilidades ofrecidas, mediante las cuales se pre­tende el que los contribu­yentes puedan resolver sus reclamos ante la adminis­tración tributaria mediante el pago de un % menor (en éste caso de un 70%)de los impuestos determinados, sin recargos e intereses in­demnizatorios, siempre que dichos reclamos se encuen­tren o estén radicados en reconsideración (dentro de la DGII) o en la jurisdicción Contenciosa (en el Tribunal Superior Administrativo).

Por igual, en relación con aquellas deudas que pro­vengan de declaraciones or­dinarias (suponemos que se refieren a las que sean pre­sentadas por nuevos con­tribuyentes) o por autoli­quidaciones y rectificativas voluntarias, no pagadas oportunamente, estas se saldarán mediante el pago del 100% del impuesto li­quidado resultante mas el equivalente del interés re­sarcitorio no mayor a doce (12) meses.

Para esta parte, se inclu­yen dos Párrafos mediante los cuales se establece, el primero de estos establece que, en los casos de la exis­tencia de algún reclamo por ante la Administración Tri­butaria (Recurso en Recon­sideración o por ante la se­de Jurisdiccional ( ante el Tribunal Superior Admi­nistrativo) el contribuyen­te deberá hacer expreso su propósito de renunciar o desistir legalmente de di­chos recursos.

En un segundo párrafo se establece que, no podrán beneficiarse de esta facili­dad aquellos casos en que la administración les haya incoado un recurso de natu­raleza penal.

Nuestras observaciones
En el artículo 8, anterior a su modificación, se estable­ció que las facilidades de pago para deudas tributa­rias aplicarían aquellas que hayan sido “recurridas o no”, o sea que bajo este tér­mino de ”recurridas o no” puede inferirse que se refe­ría a que incluía las deudas firmes existentes en el De­partamento de control de deudas de la DGII.

Sin embargo este término de “recurridas o no” fue eli­minado de la nueva redac­ción, no sabemos si de for­ma expresa u olvidado.

De todas formas, consi­deramos esto no debería acontecer por razones que son obvias, sobre todo si se piensa que dicha ley ya ha­bía entrado en ejecución desde hace algunos meses y que existen deudas que han sido producto de reiteradas arbitrariedades fiscales de pasadas administraciones.

Además, no deberíamos pasar por alto que, son mu­chos los casos existentes de deudas firmes generadas por procedimientos cuestio­nables de ajustes y determi­naciones impositivas (mu­chas sobre ejercicios fiscales ya prescritos) que nunca fueron recurridas en Recon­sideración por ignorancia o por prácticas desleales de no haber sido éstas notifica­das de manera regular a los intimados. Amén de que la pasada administración, de manera privilegiada, otorgó a ciertos contribuyentes el beneficio del pago de deu­das firmes y de fiscalizacio­nes, para que estas fueran pagadas sin recargos e in­tereses, lo cual se ha consti­tuido en una discriminación irritante e inconstitucional.

Recomendaciones
Las deudas firmes deberían ser cobradas con una reduc­ción idéntica o parecidas (diríamos menor) a la dis­puesta en los casos de los recursos incoados, es decir, a la establecida de un 70% único.

Por igual, consideramos importante que la admi­nistración tributaria decida dar por terminada la prácti­ca de no obtemperar a las invocaciones de las pres­cripciones de tres años que acuerda la ley en todos los niveles de la administra­ción, ya que en los procesos de revisiones de escritorio que se llevan a cabo en las administraciones locales es­tas hacen caso omiso para en cambio dejar a la suerte su conocimiento por medio de los recursos de reconsi­deración, provocando así un embotellamiento de re­clamos innecesarios.

Sugerimos a la nueva ad­ministración descontinuar la reiterada práctica de pre­tender dar como suspendi­da la prescripción de los tres años para elevarla a cinco años, a los fines de las fisca­lizaciones de expedientes, en base al arbitrario proce­dimiento de presumir false­dades en las declaraciones juradas presentadas.

El autor es abogado y economista